La semana ha sido especialmente complicada para el fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, quien enfrenta crecientes presiones para dimitir tras dos decisiones judiciales adversas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite una querella contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos, relacionada con la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, el Supremo anuló por segunda vez el nombramiento de la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, acusando a García Ortiz de haber soslayado el deber de escuchar al órgano asesor respecto a su posible incompatibilidad para dirigir esa área. Estas decisiones han generado un clima de crisis en la Fiscalía y la judicatura, con voces críticas que consideran insostenible la continuidad de García Ortiz en el cargo. El Senado incluso escenificará un rechazo a su continuidad, promovido por el Partido Popular, que prevé votar una moción para reclamar su cese. La situación es especialmente delicada, ya que García Ortiz tendrá un papel clave en la aplicación de la ley de amnistía, cuya entrada en vigor está próxima. La oposición a su continuidad se debe, en parte, a su defensa “más bien templada” ante las acusaciones de ‘lawfare’ y su papel en la postura de la Fiscalía en contra de la apertura de causa a Carles Puigdemont por terrorismo relacionado con la plataforma Tsunami. La crisis en la Fiscalía española ha llegado a un punto álgido, y la pregunta es si García Ortiz podrá superar estos obstáculos o si finalmente deberá dimitir.