El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a varias empresas españolas con actividades económicas en Israel, advirtiéndoles sobre el riesgo de contribuir al “genocidio” en Palestina. En la misiva, Bustinduy insta a las empresas a tomar medidas para evitar que sus negocios contribuyan a las “vulneraciones de derechos humanos” que, según él, el Gobierno de Israel está cometiendo en los territorios ocupados. Esta iniciativa ha generado un nuevo choque diplomático con Israel y también ha provocado una fricción interna dentro del Gobierno, ya que el sector PSOE no tenía conocimiento de la carta y ha distanciado de ella. La Embajada de Israel en Madrid ha emitido un comunicado rechazando la acusación de genocidio y calificándola de “incitación al odio y aliento al antisemitismo”. La carta de Bustinduy es parte de la ofensiva de Sumar para que España actúe cuanto antes en relación con el conflicto palestino-israelí, y se suma a las iniciativas presentadas por este partido en el Congreso para pedir el reconocimiento del Estado palestino y la suspensión del comercio de armas con Israel.